La demonización del empleado público

Hoy el señor Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, ha insultado, no es la primera vez que lo hace, a los empleados públicos, dirigiéndose a ellos en tono paternalista y reprobador: "Tendrán que olvidarse del cafelito y de leer el periódico", advierte. "Ya nada es como antes. Tendrán que ser más productivos, con responsabilidad y humildad".

Justo hoy, en una de las sesiones parlamentarias en que intervenía el ministro de Hacienda, supuestamente para algo importante, el hemiciclo de las señorías estaba casi desierto, además de que el propio ministro llegaba tarde a la cita. ¿Estarían tomando café y leyendo el periódico o eso sólo es repropable para los empleados públicos?

Y es que ahora está de moda demonizar al empleado público. Es decir a maestros, médicos, enfermeros, gestores, profesores, catedráticos, inspectores de hacienda... todos aquellos que trabajan, en la gestión pública.  Quieren hacer ver al conjunto de la ciudadanía que son los responsables de que la cosa vaya tan mal.

Pero estas actuaciones no son inocentes, ni gratuitas. Responden a una estrategia bien definida, bien diseñada, para desmantelar los servicios públicos y privatizarlos, con sustanciosa ganancia para unos pocos.

Este desmantelamiento lo vemos a diario. Por eso hoy me hago cargo de un artículo publicado por un funcionario de carrera, cabreado e indignado, quizás incluso muy soliviantado,  con el tratamiento que los políticos dan ahora a los empleados públicos.

"Resulta que en la década prodigiosa del pelotazo, cuando media España se
 lo llevaba caliente a casa, cuando un encofrador sin estudios se embolsaba 
tres mil euros, cuando hasta el último garrulo montaba una constructora y 
en connivencia con un par de concejales se forraba sin cuento, cuando un
 gañán que no sabía levantar tres ladrillos a derechas se paseaba en Audi,
 los funcionarios aguantaban y penaban. Nadie se acordaba de ellos. Eran los 
parias, los que hacían números para cuadrar su hipoteca, hacer la compra en
 el Carrefour y llegar a fin de mes, porque un nutrido grupo de compatriotas
 se estaba haciendo de oro inflando el globo de la economía hasta llegar a
 lo que ahora hemos llegado.

Y ahora que el asunto explota y se viene abajo, la culpa del desmadre… es 
de los funcionarios. Los alcaldes, diputados y senadores (que no son 
funcionarios) que gobiernan la cosa pública  
no son responsables de nada y nos apuntan directamente a nosotros: somos
 demasiados, hay que ultracongelarnos, somos poco productivos. Los 
responsables bancarios que prestaron dinero a quienes sabían que no podrían
 devolverlo tampoco se dan por aludidos. Todos los intermediarios 
inmobiliarios, especuladores, amigos de alcalde y compañeros de partida de 
casino del diputado provincial no tenían noticia del asunto. Nosotros sí.
 Como diría José Mota: ¿Ellos? No. ¿Nosotros? Si. Siendo así que ¿ellos? No.
 Por tanto, ¿nosotros? Sí.

La culpa, según estos preclaros adalides de la estupidez, es del juez,
 abogado del estado, inspector de hacienda, administrador civil del estado
 que, en lugar de dedicarse a la especulación inmobiliaria a toca teja, ha 
estado cinco o seis años (recluido en su habitación, pálido como un
 vampiro, con menos vida social que una rata de laboratorio y tanto sexo 
como un chotacabras), para preparar unas oposiciones monstruosas y de 
resultado siempre incierto, precedidas, como no podía ser de otra forma, de
 otros cinco arduos años de carrera. Del profesor que ha sorteado destinos 
en pueblos que no aparecen en el mapa para meter en vereda a benjamines que 
hacen lo que les sale de los genitales porque sus progenitores han abdicado
 de sus responsabilidades. Del auxiliar administrativo del Estado natural de 
Écija y destinado en Barcelona que con un sueldo de 1000 euros paga un 
alquiler mensual de 700 y soporta estoicamente que un taxista que gana 3000
 le diga joder, que suerte, funcionario.

La culpa es nuestra. A poco que nos descuidemos nosotros los funcionarios 
seremos el chivo expiatorio de toda una caterva de inútiles, vividores,
 mangantes, políticos semianalfabetos, altos cargos de nombramiento digital,
 truhanes, pícaros, periodistas ganapanes y economistas de a verlas venir
 que sabían perfectamente que el asunto tarde o temprano tenía que petar,
 pero que aprovecharon a fondo el momento al grito de ¡mientras dure dura! y
 que ahora, con esa autoridad que da tener un rostro a prueba de bomba, se
pasan al otro lado del río y no sólo tienen recetas para arreglar lo que
 ellos mismo ayudaron a estropear, sino que, además, han llegado a la
 conclusión de que los culpables son... ¡tacháán...! los funcionarios. 

Soy funcionario. Y además bastante recalcitrante: tengo cinco títulos 
distintos. Ganados compitiendo en buena lid contra miles de candidatos. ¿Y 
saben qué? No me avergüenzo de nada. No debo nada a nadie (sólo a mi 
familia, maestros y profesores). No tengo que pedir perdón. No me tocó la 
lotería. No gané el premio gordo en una tómbola. No me expropiaron una 
finca. No me nombraron alto cargo, director provincial ni vocal asesor por 
agitar un carnet político que nunca he tenido.

Aprobé frente a tribunales formados por ceñudos señores a los que no
conocía de nada. En buena lid: sin concejal proclive, pariente político, 
mano protectora ni favor de amigo. Después de muchas noches de desvelos,
 angustias y desvaríos y con la sola e inestimable compañía de mis santos 
cojones. Como tantos y tantos compañeros anónimos repartidos por toda España a los que ahora algunos mendaces quieren convertir, por arte de
birli-birloque, en culpables de la crisis.

Amigos funcionarios, estamos rodeados de gente muy tonta y muy hija de
puta. 

PD. Si alguien, en cualquier contexto, os reprocha -como es frecuente-
vuestra condición de funcionario os propongo el refinado argumento que yo
 utilizo en estos casos, en memoria del gran Fernando Fernán-Gómez: "váyase
Usted a la mierda, hombre, a la puta mierda".


En fín, el funcionario en cuestión está cabreado, pero que muy cabreado. Dejándo al lado algunos aspectos de su cabreo y de su expresión, entiendo perfectamente el motivo de su enorme enfado y es que ha llegado la hora de la demonización de la cosa pública.

Sin embargo, estoy convencida de que alguna vez muchos de los que ahora ven con buenos ojos que a los funcionarios les bajen el sueldo e incluso les flagelen, se arrepentirán cuando los servicios básicos del estado de bienestar: educación, sanidad, seguridad..., pasen a manos privadas.

¡Al tiempo!