Golpe bajo al estado de bienestar

Las últimas medidas propuestas por el ya agonizante presidente del Gobierno van a suponer, sin ninguna duda, el entierro definitivo del estado de bienestar. 

La reforma de la Constitución para garantizar un límite al gasto público supone  la proclamación en España del regimen neoliberal. Proclamación a instancias de un gobierno socialista, ya hace tiempo a la deriva, y como es obvio a la par que natural, sustentada por el Partido Popular que, por cierto, ya tenía previsto adoptar. 

Una vez más el gobierno socialista hace las tareas sucias para el próximo, y me supongo inevitable, relevo. Tareas que son sucias no sólo por el contenido, que sin duda, sino también por la forma.

Esta decisión de reformar la Constitución sin una consulta previa al pueblo español a través de referendum es un golpe bajo a nuestros sistema democrático que ya nació cojo, debil y escasamente representativo. Y es que nuestra democracia ofrece pocas posibilidades para que la ciudadanía participe en las decisiones publicas que afectan de forma significativa al bien común, salvo votar cada cuatro años. Una de las posibilidades es el referendum, pocas veces utilizado en España. Esta era una ocasión importante y, en un saludable sistema democrático, imprescindible.

Como señala el profesor Vicenç Navarro, la distancia entre los representantes y los representados es cada vez mayor. Ejemplo de ello los podemos observar con frecuencia: el 82% de los ciudadanos estaban en contra del retraso de la edad de jubilación; el 86% en contra de la congelación de las pensiones; el 68% en contra de los recortes del gasto sanitario... y un largo etcétera que demuestra que las decisiones que toma el Parlamento están muy lejos del sentir de la mayoría ciudadana.

La decisión de constitucionalizar el límite del déficit público sin consultar a los ciudadanos es una prueba de lo dicho anteriormente y además supone un gravísimo atentado  a una política social de izquierdas. Facilitará, sin límite alguno. la subida de impuestos indirectos, el endurecimiento de las condiciones laborales, privatizaciones, reducción de los gastos sociales... Lamentablemente lo veremos.

Además España no tiene problemas de déficit en el sector público. España se gasta mucho menos en su sector público de lo que debiera de acuerdo con su nivel de desarrollo económico. El PIB per capita de España es ya el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15, mientras el gasto público social por habitante es tan sólo el 74% del promedio de la UE-15.

En fin, que este cambio en la Constitución, por cierto por la puerta de atrás y sin tener en cuenta la opinión ciudadana,  supone consagrar una ideología política, neoliberal y ultraconservadora, porque renunciar al endeudamiento público es renunciar a financiar los gastos sociales, imprescindibles para el bienestar de los ciudadanos.

Me es imposible comprender la deriva neoliberal del gobierno socialista. Hoy mismo en el consejo de ministros se ha a dado carta blanca a la "temporalización" sine díe de los contratos.

¿Qué más nos hace falta? ¿Nos resignamos o nos revolucionamos? Opto por lo segundo.