Se llama "Ley de Salud Sexual y Reproductiva"

Llamemos a las cosas por su nombre: No se llama "Ley del aborto" como muchos medios la denominan. Es la "Ley de salud sexual y reproductiva". Denominarla de una forma o de otra no es baladí y se presta como se está prestando a muchas confusiones.

Esta nueva proposición de ley tiene varios objetivos:

* Mejorar la educación sexual con acciones informativas.

* Facilitar el acceso a los anticonceptivos.

* Mejorar las prestaciones sanitarias.

* Ayudar a prevenir embarazos no deseado.

* Garantizar los derechos y la seguridad jurídica de las mujeres y del personal sanitario.

* Incluir los servicios derivados de la ley dentro del Sistema de Salud Pública para que estos sean públicos y gratuitos.

* Evitar intervenciones clandestinas y con riesgo de la vida de la mujer.

* Garantizar el respeto y el derecho de las mujeres a decidir.

Plazos previstos en la ley:

* Hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente.

* Entre la semanaa 14 y la 22 de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto.

* A partir de la semana 22 de gestación, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable.

Requisitos:

* En los dos primeros plazos:

*Deberá acompañarse de un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

* Además se les proporcionará información sobre los derechos, ayudas públicas, beneficios fiscales y centros de asesoramiento en caso de que quieran seguir con el embarazo.

* Una vez con la información escrita en la mano, deberán pasar un periodo de reflexión de tres días antes de someterse a la intervención.

* Para someterse al aborto será imprescindible una autorización firmada de la mujer.

* En el tercer plazo:
* Solo un comité clínico pluridisciplinar podrá autorizar la interrupción a petición de la embarazada y en los supuestos antes mencionados.

* Obviamente serán excluidos aquellos médicos que estén en contra del aborto.

* Habrá al menos un comité por cada Comunidad Autónoma, dentro de la red sanitaria pública y los miembros serán designados por las autoridades sanitarias competentes.

Edad:
* A partir de los 16 años para ser coherente con lo previsto en la Ley de Autonomía del Paciente, vigente hace siete años, equiparando el aborto al resto de prestaciones sanitarias donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en los 16.

Penalización:
* El anteproyecto establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir el embarazo.
* Las prácticas ilegales no quedan impunes para evitar que instituciones ilegales practiquen intervenciones clandestinas.

Educación:
* La norma incorpora medidas en el ámbito social, sanitario y educativo que garanticen los derechos a la salud sexual y reproductiva.
* Elaboración de una Estrategia Nacional a cinco años con participación de la comunidad científica y educativa.

Tramitación:
* Al tratarse de un Ley Orgánica se exige el apoyo de la mayoría absoluta de las dos Cámaras.
* En el Congreso, la mayoría es la mitad más uno de los diputados: 176 votos.
* El PSOE tiene 169 escaños.
* Hay tres partidos que apoyan este anteproyecto: Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna y el Bloque Nacionalista Galego: 7 votos.
* Entre los cuatro partidos tienen los votos necesarios para aprobar el anteproyecto en el Congreso.

Modificaciones solicitadas por los partidos que apoyan:
* Los tres piden que el aborto libre sea superior a las 14 semanas.
* IU propone hasta las 20 semanas.
* BNG hastas las 16 semana.
* IU propone además que se regule en la Ley la objeción de conciencia de los médicos y profesionales sanitarios. Aunque esto de forma explícita no se recoge en el anteproyecto, el texto si obliga a las CCAA, que son las que tienen competencia sanitaria, a garantizar las interrupciones voluntarias de embarazo bien en sus propios hospitales, bien en algún centro concertado.

Sin duda, el punto más polémico de la ley es la edad a partir de la cual la mujer decide libremente. Antes de reflexionar sobre este punto, traigo una información interesante que publicó el diario El País, el sábado pasado, lo que la legislación actual permite a los jovenes de 16 años:
Con 16 años se puede:
* Tener un trabajo.
* Tener relaciones sexuales con un adulto. El Códico Penal establece que a partir de los 13 años aunque el Gobierno intenta cambiarlo a los 14 años.
* La ley de Autonomía del Paciente establece la mayoría de edad para la toma de decisiones a los 16 años. Puede por consiguiente someterse a cualquier operación quirúrgica o rechazarla. Actualmente hay tres excepciones: aborto, reproducción asistida y participar en ensayos clínicos.
* Contraer matrimonio. El Código Civil estable que se pueden casar a partir de los 16 y también a partir de los 14 con dispensa de un juez.
* Conducir un ciclomotor.
* La Ley del Menor establece que a partir de 14 años los menores tienen responsabilidad penal.
Con 16 años no se puede:
* Comprar tabaco.
* Comprar y consumir alcohol.
* Abrir una cuenta bancaria o contratar una hipoteca.
* Conducir un coche.
* Adoptar. Pese a que se puede estar casado, en España no se puede adoptar hasta los 25 años.
* Votar. No es posible hacerlo hasta los 18 años.

Quizás pueda haber incoherencia en las diferentes normas en relación con la edad de acceso a diferentes cuestiones. La legislación española ha ido reconociendo más derechos a los menores y lo ha hecho de forma progresiva. Por ejemplo, la Ley de Autonomía del Paciente lleva vigente siete años y no se ha oído voces en contra.

Pienso que este país está lleno de hipocresía y está sale con fuerza, y también con saña, cuando se trata de medidas que garantizan derechos de las mujeres. Esa es la realidad.

Pienso que muchos padres temen que sus "jovenes" hijas decidan abortar sin su consentimiento o incluso sin estar advertidos. Habría que preguntarse por qué esos padres no se preocupan por la falta de comunicación con sus hijos . Si hay comunicación, la joven compartira su decisión, incluso sus dudas. Si no la hay qué piensan que puede hacer esa joven, a quién consultará, a dónde irá, en qué manos expertas se pondrá.

Pienso que no es competencia del Estado sustituir el diálogo y la comunicación familiar, pero si si es competencia del Estado arbitrar un sistema que proporcione las debidas garantías. Esta es la cuestión, arbitrar un sistema garante y seguro para que las jovenes que deciden abortar lo hagan con todas los medios de que dispone el Sistema de Salud Pública.

Pienso que el que no se requiera el consentimiento de los padres no excluye que haya conocimiento por parte de ellos. Incluso se prevé que en caso de grave riesgo los médicos informen a los padres como ocurre con otros supuestos previstos en la Ley de Autonomía del Paciente.

Dejémonos de hipocresías. Los datos de embarazos no deseados en menores de edad y de abortos son pavorosos y aumentan día a día. En este enlace pueden consultar las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Sanidad.

Por último no está mal recordar que esta ley una vez aprobada no obliga a nadie sino que garantiza a las mujeres que deseen abortar que lo hagan en buenas condiciones sanitarias y con todas las garantías legales.

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